Ryanair impone restricciones a accionistas británicos ante un ‘Brexit’ duro

Ryanair impondrá restricciones a los accionistas británicos en su capital en caso de un ‘Brexit’ sin acuerdo o “difícil” como medida para garantizar que la compañía, y sus subsidiarias, seguirán cumpliendo la normativa europea que exige que más del 50% de la propiedad de la compañía esté en manos comunitarias, cumpliendo con los requisitos de propiedad y control recogidos en el Reglamento de la Unión Europea 1008/2008.

La decisión, aprobada el pasado viernes por la junta directiva, entrará en vigor a partir de la fecha en que Reino Unido dejen de ser considerado como un Estado miembro de la UE y supondrá que las acciones en manos de inversores británicos sean consideradas como “acciones restringidas”, lo que implica que no tendrán derecho a asistir, hablar o votar en las juntas generales de accionistas que se convoquen mientras tengan esa consideración.

Asimismo, no se permitirá la adquisición de nuevas acciones ordinarias de Ryanair a aquellos inversores de países no pertenecientes a la UE, como ya anunció la ‘low cost’ el pasado 5 de febrero. En consecuencia, a partir de la fecha de salida de Reino Unido de la UE los ciudadanos británicos no podrán comprar acciones de Ryanair.

En un comunicado, Ryanair explica que estas resoluciones forman parte de sus planes de contingencia de cara a un eventual ‘Brexit’ desordenado y que permanecerán vigentes hasta que su junta directiva determine que no existe un riesgo para las licencias de la compañía en relación a la propiedad y control del capital.

En el marco de su plan de contingencia, Ryanair obtuvo en enero por parte de la autoridad de aviación civil británica (CAA por sus siglas en inglés) un Certificado de Operador Aéreo (COA), lo que le permitirá operar rutas dentro del Reino Unido y fuera de la Unión Europea tras el ‘Brexit’ si fuera necesario.

El sector de las aerolíneas es uno de los más sensibles a la salida del Reino Unido de la UE debido a la inseguridad jurídica, que se generaría en el caso de que ambas partes no llegaran a un acuerdo en aviación, al ser considerado como un tercer país.